Dr. Abel Ortiz
En los pasados comicios electorales, además de elegir Presidente de la República, se eligieron a los 628 integrantes de la LXIV Legislatura en el Senado y la Cámara de Diputados; a 972 diputados locales de 27 estados y a 1,583 autoridades locales de 25 entidades. Pero además, se eligieron a 9 gobernadores cuyas tomas de posesión van del 26 de Septiembre del 2018 al 1º de Enero del 2019, acusando entre sí, una asimetría entre los distintos periodos, que si bien cada fecha tiene su debida justificación histórica y política, resulta recomendable revisar a la luz de los nuevos tiempos. Pero el problema no es menor en los municipios, ya que las fechas de toma de posesión de las autoridades municipales van desde el 1º de Septiembre y hasta el 1º de Enero también del próximo año. Al afirmar lo anterior, estamos hablando de ejercicios presupuestales “montados” ya que una fracción mayoritaria del ejercicio de los presupuestos públicos del 2018 será ejercida por las administraciones municipales y estatales salientes, según sea el caso, y una parte minoritaria a cargo de las nuevas administraciones entrantes algo que resulta verdaderamente impráctico y que propicia prácticas viciadas en el ejercicio de los recursos públicos.
En este escenario, es común que los nuevos gobiernos acusen a los que los antecedieron de haber agotado los presupuestos públicos y no haberles dejado recursos para el arranque de la nueva administración. Por lo que corresponde a la orientación del gasto, la ultima fracción del presupuesto ya no corresponde a Plan de Desarrollo alguno (ni de la nueva ni de la administración que concluyó). La presentación de la cuenta pública anual jurídicamente corresponde al nuevo gobierno, mismo que no dispone de los argumentos económicos, políticos y sociales que justifiquen la aplicación del gasto, en un informe que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios; y del Sistema de Evaluación del Desempeño, deja de ser un reporte meramente numérico para darle mayor información cualitativa a la sociedad, respecto del ejercicio de los recursos que esta le entregó para su administración por la vía de los impuestos. En el caso particular de los municipios y el estado de Nayarit, la fecha de transición (17 y 19 de Septiembre respectivamente) ha viciado desde hace años el tema de los pagos de los aguinaldos y los pasivos del cierre del ejercicio, abonando al desorden en las haciendas públicas en una práctica recurrente trianual y sexenalmente.
Adicionalmente, es pertinente destacar que el delicado proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior referente al último ejercicio fiscal, se enfrenta a dos responsables, el que se fue y el actual, dificultando en cierta forma el fincamiento de responsabilidades. El nuevo gobierno de la república ha planteado como estrategia inicial, una reingeniería del poder ejecutivo orientada a incrementar la eficiencia y eficacia del sector público federal, escenario en el que resulta pertinente plantear las debidas reformas normativas en el ámbito de los estados a nivel nacional. Particularmente a la Constitución Política del Estado de Nayarit y a la Ley Municipal para establecer el inicio del periodo constitucional de Gobierno a partir del 1º de enero de cada 3 y 6 años, como ya ocurre en los estados que se describen en el gráfico anexo. De igual forma, reformas a la Ley Estatal de Presupuesto para que el equipo de transición pueda ejercer recursos entre el mes de Julio una vez que se haga la entrega de las constancias de mayoría, y el mes de diciembre del año respectivo, tiempo valioso para: 1. Revisar y actualizar el marco jurídico; 2. Elaborar los expedientes técnicos y la evaluación socio-económica de los proyectos estratégicos; 3. Revisión y análisis de los últimos informes de fiscalización para la preparación del programa de eficiencia administrativa y combate a la corrupción y; 4. El diagnostico de las finanzas públicas para el programa trianual o sexenal de fortalecimiento financiero y de esta forma esperar un nuevo gobierno que «llegue despachando y resolviendo problemas sociales», no un gobierno que llega a explorar que es lo que va a hacer.
