Dr. Abel Ortiz
Se define a la corrupción como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios personales de manera ilegítima. Este flagelo social afecta tanto a las organizaciones públicas como a las privadas y se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y económicos. Cifras de la OCDE estiman que a nivel global tan solo los sobornos a los servidores públicos alcanzan un costo del 2% del PIB mundial y el 57% de los sobornos a nivel internacional se relacionan con las compras públicas. Por lo que corresponde específicamente a nuestro país, la corrupción representa un costo sustancial para la economía ya que se estima que el daño económico alcanza entre el 5% y 10% del PIB. Esto es alarmante porque son recursos que pierden su impacto en la sociedad, ya que no se van a las áreas del interés público o para el bienestar y desarrollo, según expuso el director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México para América Latina en el panel «La corrupción, obstáculo para la competitividad en México». Pero lo más grave de estas acciones es que merma la confianza de los mercados y de las instituciones públicas.
En razón de lo antes descrito, a lo largo de los últimos años México ha realizado diversos esfuerzos para hacer frente a esta problemática. La más reciente ocurrió en 2015 cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y crear el Sistema Nacional Anticorrupción, como mecanismo encargado de coordinar la Política en materia de corrupción a nivel nacional. Un año después, se expidieron nuevas leyes que buscaron otorgar piso normativo al combate a la corrupción, tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. La importancia del SNA radica en la posibilidad de diseñar e instrumentar acciones integrales en materia de prevención, control, y sanción de hechos de corrupción mediante la coordinación de distintas instituciones en los tres órdenes de gobierno. La coordinación con las autoridades locales competentes requiere que, a través de la instauración de los Sistemas Locales Anticorrupción, las entidades federativas homologuen el SNA para trazar acciones homogéneas a lo largo del país.
En este sentido, al cierre del ejercicio fiscal 2018 el avance normativo de los SLA se resume de la siguiente manera: Las 32 entidades federativas ya habían realizado reformas a la Constitución local y expedido la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción. De estas, 31 entidades habían realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública y, en total solo 20 entidades habían concluido la armonización legislativa. Entre las entidades con menor avance en la armonización se encuentra Veracruz con cuatro normativas pendientes; Chihuahua, Tlaxcala y Coahuila con tres, y Nayarit con dos, siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas la que en siete estados aún no se había promulgado al cierre del 2018. Respecto a la conformación de órganos para la integración de los Sistemas Locales Anticorrupción, 31 entidades habían integrado el Tribunal de Justicia Administrativa y 30 contaban con Fiscalía Anticorrupción u organismo homologo. No obstante, los rezagos para integrar el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador del Sistema, así como la Secretaría Técnica del Sistema, dejaban a ocho entidades sin la conformación de todos los órganos del Sistema Local Anticorrupción. En este contexto, las áreas de oportunidad específicamente para Nayarit son: La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.
