Jaime Cervantes
Razones tiene la dirigente sindical Águeda Galicia en estar enojada, tan enojada que este fin de semana inició, ella y sus agremiados, una guerra sin cuartel contra todo aquel que haya sido parte o apoye la implementación de la reforma laboral burocrática.
Y digo que tiene razones, porque más allá del incumplimiento de los acuerdos tácitos que se hubiesen hecho entre el sindicato y los candidatos ganadores en el pasado proceso electoral del 2018, lo que le debe de estar enojando más es que esta nueva ley atenta ya no contra los derechos laborales, los derechos de sus representados, sino contra las prebendas que la estructura sindical había adquirido a partir de la relación de complicidad que por años mantuvo con el PRI-Gobierno.
Adiós al manejo opaco de la re categorización que premiaban antes la lealtad y sumisión que las cualidades y aptitudes de los trabajadores; adiós a las cuantiosas transferencias gubernamentales en forma de bonos vitalicios o comisiones sindicales con goce de sueldo para aceitar maquinarias electorales al servicio del mejor postor; adiós a los privilegios de otorgar de forma discrecional plazas a sus allegados por sobre las necesidades reales de las administraciones; adiós a un tribunal laboral que se empeñaba en ser juez y parte en los casos que ahí se trataba; adiós al apartado de cláusulas exclusivas en los CCT en beneficio de la estructura más que de los trabajadores; Pero sobretodo, adiós al financiamiento por parte de la ciudadanía a través de impuestos de eventos, fiestas y acciones internas que servían para la autopromoción y culto a la personalidad de quien por más de 30 años ha ostentado la dirigencia.
Hoy el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, sus agremiados, deberán tener libertad política y reglas claras bajo los principios democráticos que permitan una disputa real de la dirección sindical. Tendrán las herramientas para exigir a sus dirigentes cuentas claras y apegarse -porque su funcionamiento será totalmente financiado por las cuotas sindicales- a una austeridad propia de la 4T y, a encausar los recursos disponibles a la defensa de las y los trabajadores, ya no más a aventuras electorales a costa de las cuotas sindicales. Esto último, las aventuras electorales, una distorsión del sindicalismo en México que tal parecía haber olvidado su verdadero génesis y razón de ser.
Claro que tiene razones la dirigente sindical para estar enojada, claro que tiene razones para acusar a los diputados –algunos de ellos que por años habían jurado lealtad- de “pendejos y malagradecidos” como lo hizo el 31 de mayo al calor de los sucesos. Si yo estuviera en su lugar, les diría uno que otro improperio más. Pero también, por más razones que tenga, la razón no le asiste, pues deberá comprender que el país cambió, que por más que se cuelgue medallas por el triunfo de AMLO, ella pertenece al viejo régimen y a sus aún más viejas y dañinas prácticas de un sistema que ya no existe, por lo menos ya no cómo antes.
Deberá comprender que aquellos pactos corporativos en los que el PRI-Gobierno otorgó privilegios personales a los líderes sindicales y prestaciones laborales impagables a sus agremiados a cambio del apoyo a los gobernantes en turno, de control social propios de la dictadura perfecta y de legitimidad política, terminaron en el momento mismo en que el PRI abandonó del poder, y que fue un error de los gobernantes de la transición no sólo no haber reformado la relación con estos sectores gremiales, sino pretender replicar, desde el poder presidencial fragmentado, esas prácticas corporativas que a la postre terminaron por ahondar los conflictos y las problemáticas hasta el punto en el que nos encontramos.
Pero no hay mal que dure 100 años, y hoy, por lo menos hoy, la líder sindical de antaño, tiene razones para estar enojada.
