Fabiola Lara García
España está dando una batalla muy dura contra una de las industrias más lucrativas de México: la piratería. Esta semana los diputados españoles aprobaron la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, entre otras cosas, permite el cierre de portales web acusadas de piratería online sin intermediación judicial en caso de reiteración, lo que ha ocasionado tremenda polémica en toda España.
Hasta ahora, cuando los dueños de un determinado contenido (una canción, película u otros) denunciaban a un portal de piratería, un juez tenía que aprobar previamente el cierre de la página infractora. Ahora, con esta reforma de la ley, se elimina la necesidad de que un juez de visto bueno a ese cierre en caso de reincidencia por parte de la página web.
Situación que ha puesto en alerta a un sector de interesados en el tema, que califican la reforma como un atropello a la libertad de expresión.
La construcción del mercado único digital es política pública estratégica de la Unión Europea que requiere el impulso a la libre circulación de contenidos culturales en el marco de un comercio electrónico transfronterizo. Paralelamente, se hace necesario salvaguardar los derechos de los creadores, obligados a desenvolverse en un entorno cada vez más global.
Las nuevas alternativas como los servicios de transmisión televisión a la carta (como Netflix) exigen armonizar la legislación en Europa y el resto del mundo para redefinir el concepto de propiedad intelectual bajo un principio básico: tiene que estar protegida para evitar el uso fraudulento del talento y la creatividad.
En México la piratería ha reinado desde tiempo atrás. De todos conocidos los proveedores, en cada ciudad, de películas o música pirata. Hasta un enorme mercado de libros pirata existe en nuestro país, desde las épocas previas a Netflix, Facebook o Amazon.
Aunque las nuevas tecnologías deben de ser herramientas para el pogreso, desgraciadamente han fomentado la piratería a escala gigantesca. En España es un tema de grandes dimensiones, mientras que en México es un tema desaparecido de cualquier agenda pública.
La critica a la medida, según juristas españoles, se basa en que la medida aprobada es poco garantista, mientras sus promotores alegan que es más rápido y eficaz a la hora bloquear actos ilegales.
Los derechos de autor están vinculados a la libertad de expresión y en su defensa se implicaron con tesón escritores mexicanos como Víctor Hugo Rascón Banda y en Europa esa batalla la han dado, desde hace siglos, otras figuras de las letras, pero los tiempos han cambiado, y el desarrollo digital exige adecuar la legislación tanto a las nuevas necesidades de los creadores como a la evolución de las industrias culturales y de comunicación.
Se trata de que la remuneración sea justa y equitativa, es decir, que las tarifas se ajusten al grado de uso del repertorio. No parece tener mucho sentido que empresas radiofónicas cuyo principal contenido es la palabra paguen por la música que emiten (a todas luces, irrelevante para su audiencia) más que aquellas otras en las que las canciones son la materia prima.
La propiedad intelectual tiene un ángulo económico induscutible, pero la industria de la creatividad debe entenderse también como un patrimonio de toda la sociedad que debemos preservar con instrumentación jurídica moderna.
