Abel Ortiz
En su participación en el Parlamento Abierto sobre el gasto federalizado 2020 el maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especializado en Gasto Federalizado de la ASF alertó que el pago de la nómina de 28 entidades federativas del país dependen exclusivamente de las participaciones federales que reciben los estados, y que en esa consecuencia están en grave riesgo de caer en mora si continua la tendencia a la baja de la recaudación federal participable, derivado de la caída en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que dicho sea de paso, no se ve en el horizonte de corto plazo su posible repunte. Los únicos estados que se salvan de este señalamiento son, CDMEX, Quintana Roo y Querétaro. Si bien en el 2019 no se registró aún esta problemática, esto se debe a que la SHCP acudió este año a una disposición por 150 mil millones de pesos del fondo de estabilización de los ingresos presupuestales, disposición que excede en más del 50% del saldo acumulado al 30 de Septiembre de $ 260.1 mil mdp. Pero es evidente que este escenario no será ya posible en el 2020, ya que algunos expertos sostienen que será muy difícil alcanzar un 2.0% de crecimiento en el PIB y una meta de ingresos de 6.1 billones de pesos descritos en los criterios generales de política económica, más si consideramos que la reducción de impuestos a PEMEX del 65 al 58% restara recursos a estados y municipios. Lo anterior demanda a los gobiernos subnacionales una estrategia temprana que se anticipe a dicho escenario.
El auditor especial, al señalar que se tiene la capacidad para incrementar la recaudación en 80 mil mdp advierte que hay una “cobardía tributaria”, pues ni senadores ni diputados quieren cargar con los costos políticos de incrementar los impuestos, como tampoco gobernadores y presidentes municipales para incrementar la recaudación local, con lo cual “estamos atados de manos” según afirma. A este respecto es importante destacar que incrementar las tarifas actuales o crear nuevos impuestos de los ya existentes solo le traslada la carga del gasto público a los contribuyentes cumplidos, generando un entorno de iniquidad en contraposición a lo que establecen los principios jurídicos de la Equidad, Proporcionalidad y Reserva de Ley consagrados en el artículo 31 constitucional. En este contexto, debe de considerarse la visión ciudadana de que ya no necesitamos mas impuestos, lo que ocupamos son mas ingresos, sobre todo a la luz de que las competencias tributarias no han sido explotadas al cien por ciento, como lo acusan los altos niveles de rezago. A nivel nacional por ejemplo, la recaudación del predial durante el periodo 2013-2018 creció a una tasa del 2.8% cuando la facturación creció a tasa del 5.0%, reportando en consecuencia un rezago del 2.2%, mientras que en el caso particular del Estado de Nayarit la recaudación del derecho de agua potable en 2018 se redujo en un 17.10% con relación a lo recaudado en el ejercicio fiscal 2017.
En este difícil escenario económico, en los últimos años, diversas reformas jurídicas han creado distintas comisiones, tribunales, institutos y demás, engrosando las nóminas burocráticas de Entidades Federativas y Municipios a niveles de los años 80s en donde para salir de este problema, desde el Gobierno Federal se implementó la política de la compactación de estructuras orgánicas y se desplegaron programas de retiro voluntario entre otros, para adelgazar la plantilla laboral. En este contexto, el Estado de Nayarit no es la excepción, ya que con 328 servidores públicos por cada 10 mil habitantes alcanza el 4o lugar nacional en cuanto a plantilla laboral más abultada, solamente superado por Tabasco, Guerrero y Colima, identificándose de entrada un exceso de personal en relación con el resto de las entidades federativas que como en el caso de nuestro vecino Sinaloa y Puebla solo registran 98 y 74 servidores públicos respectivamente. Por otra parte, el 80% del personal de la administración pública nayarita tiene contratación de base sindical por encima de la media nacional que es del 67.7% comparando desfavorablemente con la CDMEX y Coahuila por ejemplo, quienes registran el 47.1 y 33.7% respectivamente, con amplia distancia en su margen de maniobra para implementar ajustes salariales y compactación de estructuras orgánicas.
