Opinión

MAYOR INFRAESTRUCTURA: LA ESTRATEGIA PRESUPUESTAL

Dr. Abel Ortiz

Un ejercicio de planeación estatal inicia con la definición de una “Cartera de Proyectos Estratégicos” que son fundamentales para cambiarle el rostro a una entidad federativa y potencializar sus capacidades y vocaciones económicas en una visión prospectiva. Este modelo nos lleva a visualizar en donde esperamos vernos en el largo plazo -dentro de 20 años- para luego regresarnos a identificar cuáles son los proyectos que se requiere ejecutar, establecer la escala de prioridades e identificar el esquema de gestión para su materialización, atendiendo la naturaleza de cada uno de ellos. Tenemos proyectos que son de gran aliento y alto costo por ejemplo, que es imposible financiarlos con recursos estatales, otros que generan ingresos a partir de su puesta en marcha como una autopista de cuota, algunos otros solo incipientes ingresos. Pero también identificamos proyectos que coinciden alineados entre los planes nacional y estatal, donde la concurrencia de recursos permite su ejecución, y cada uno de ellos puede en consecuencia financiarse de manera diversa aprovechando de la mejor manera los escasos recursos disponibles.

En este escenario, estamos en el momento propicio para la gestión de los grandes proyectos transformadores, en sinergia con el nuevo gobierno de la república para que estos sean enlistados en el “Programa Nacional de Infraestructura” 2018-2024, a través de la gestión con las Dependencias Federales según sea su naturaleza, e inscritos en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. De igual manera son los tiempos propicios para identificar los programas que pueden ser susceptibles de conformidad con las reglas de operación aprobadas, de ser financiados con la concurrencia de recursos en donde se logran efectos potenciadores importantes (80% federación-20% estado, por ejemplo en programas de agua) para incluir bolsas presupuestales en el 2019 exclusivas para “aportación a convenios federales”. Por otra parte, identificar aquellos proyectos que generan ingresos propios a su puesta en marcha, ahorros presupuestales, y/o que ya cuentan con una asignación en el presupuesto de egresos que puedan servir como fuente de repago para el retorno de una inversión privada en un esquema de A.P.P. sin ejercer presión adicional a la Hacienda Pública.

El sólido marco jurídico y la liquidez del mercado, propicia el apetito de la inversión privada y su motivación para el financiamiento de proyectos del interés público a través de la Asociación Pública Privada. Agua y Saneamiento, Modernización Catastral, Unidades Administrativas Gubernamentales, Libramientos Carreteros de cuota, Parques Funerales Privados, Alumbrado Público, Estacionamientos Públicos de cuota, Recolección y disposición final de residuos sólidos, así como Generación de Energía Limpia, son solo un botón de muestra de aquellos proyectos en donde las entidades gubernamentales asumirían innecesariamente un costo de oportunidad por la utilización de recursos presupuestales. Un estudio de la CONAGUA revela por ejemplo que el 80% del gasto operativo de los Organismos de Agua lo representa el pago de energía convencional a la CFE, y no hemos podido romper este eslabón. La reforma energética impone el objetivo de que en el 2024 el 35% de la energía consumida en México provendrá de fuente limpia en donde los gobiernos tendrán que poner el ejemplo. En este escenario, resulta pertinente la consolidación de una granja solar con inversión privada en Nayarit que permita el autoconsumo del Gobierno, Municipios y Organismos públicos que además de abonar de manera efectiva al cumplimiento de los ODS reduzca el gasto corriente.

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