Luis Rubén Maldonado Alvídrez
Esta semana que termina hubo dos acontecimientos que llamaron poderosamente mi atención; ambos tienen que ver con un tema que no marca fácilmente la agenda: discapacidad e inclusión.
Creo que los medios de comunicación deberían de abordar ambos temas, es decir, incluirlos en la agenda diaria.
Por ahí debemos comenzar.
Las políticas públicas van forjando la vocación de un gobierno nacional, estatal y municipal.
En orden cronológico, el primer evento que quiero abordar es el relativo a la entrega del premio “Presidente Municipal Solidario e Incluyente de Latinoamérica” al alcalde Alfredo Lozoya Santillán de Hidalgo del Parral, Chihuahua. El galardón premia a una política pública que ya había abordado el año pasado en este espacio: el cabildo incluyente.
El año pasado, fue la primera edición en Hidalgo del Parral, y escribí que era muy probable que estableciera un precedente nacional, al ser el primero (en ese momento) de su tipo en todo el país. Desconozco sí de un año para acá, otros municipios han replicado este modelo. Queda claro que ha sido un éxito en sus ediciones y hoy no sólo es una práctica galardonada sino visibilizada, lo que seguramente la llevará a ser replicada más allá de nuestras fronteras.
Lozoya, el famoso “Caballo”, recibió el premio el pasado 30 de noviembre en la capital de Colombia, la legendaria Bogotá, mismo que dedicó a todas las personas que alguna vez fueron excluidas y rechazadas por tener alguna discapacidad; de ahí su motivación a ejecutar políticas públicas para fomentar la inclusión, como el Cabildo Incluyente.
Pero, ¿quién otorgó el premio?
La Fundación de Desarrollo de la Solidaridad e Inclusión Social (mejor conocida como IncluSocial) nació el 10 de abril de 2003 Barranquilla, Colombia. Si fines de lucro alguno, define su objetivo principal como: “defender el derecho a una vida digna de las poblaciones vulnerables” y ven los premios que otorgan como un instrumento de evaluación a la responsabilidad social de los alcaldes y los gobernadores de Colombia y Latinoamérica.
El premio “Gobernador Solidario e Incluyente de Latinoamèrica 2019” fue entregado al gobernador pan-perredista de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González por el programa “Desarrollo de Proveedoras en Permacultura”.
Así, continúan los éxitos para el Cabildo Incluyente 2019 del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral.
El otro caso que llamó mi atención también fue una ceremonia de premiación, inédita en el estado y que marca un precedente en nuestra entidad: El Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad” que fue entregado el pasado jueves en sesión solemne del cabildo capitalino en las instalaciones del Gimnasio Adaptado, ubicado en el icónico Parque El Palomar de la capital del estado.
La convocatoria fue atendida por un total de 16 participantes; 12 para Persona Física y 4 en Persona Moral, para lo cual se creó una comisión especial de premiación que determinó de manera unánime a los ganadores: La asociación Amigos de los Niños, representada por Antonio Asain Ruíz y en la categoría de Persona Física fue premiado el profesor Manuel Trueba Martínez.
En la ciudad de Chihuahua, “Amigos de los Niños” es más conocida por su labor a través del programa “El Aliviane” y Manuel Trueba es un precursor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde hace casi dos décadas y a quien tengo la oportunidad de conocer, desde ese entonces.
La regidora panista Irma Liliana Murillo fue la precursora de este premio que se instala como una política pública más que solidaria y justa del ayuntamiento chihuahuense que encabeza Maru Campos y que estimulará a muchos héroes que dejarán el anonimato oficial para ser reconocidos por la sociedad.
Estos dos casos mencionados de políticas públicas que fomentan la inclusión y la solidaridad son un orgullo para nuestro estado y es más que correcto imitarlos por todo el territorio estatal y nacional.
ULTIMALETRA
El Congreso del Estado también fue muestra de la causa de la inclusión, elimina las diferencias políticas. Rosa Isela Gaytán, Omar Bazán y Marisela Sáenz del PRI, junto con los panistas Fernando Álvarez Monje, Luis Aguilar y Patricia Jurado; además de Martha Lemus del PES y Francisco Humberto Chávez de Morena presentaron una solicitud de una partida presupuestal para apoyar a familias que tienen hijos con discapacidad auditiva y cuyos implantes cocleares están obsoletos. Ningún servicio de seguridad social los cubre y se necesitan 100 mil pesos por cada aparato. Así, ante los recortes de la 4T, estos diputados dejaron atrás los colores de sus partidos, para voltear al Gobierno del Estado a que reactive estos apoyos que por años se les otorgaron a estos niños y niñas.
luisruben@plandevuelo.mx
