José Enrique Rodriguez Oceguera
Una política pública no es un juego de suma cero. El proceso de diseño, implementación y evaluación de una política pública implica la suma de talentos y voluntades. Una política pública es por definición un rumbo que se toma y que pasa por la razón y la participación ciudadana. Lo contrario a la política pública es la ocurrencia, la toma de decisiones con voluntarismos y con posturas sectarias.
El pasado 20 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio algunas desafortunadas declaraciones sobre lo que, para él, ha sido el Fondo Minero. En sus palabras, el Fondo Minero nunca ha ayudado a comunidades y municipios porque todos los recursos se han quedado con los ricos, con los administradores neoliberales. Cito: “Por lo mismo, por la corrupción, no bajaba ese dinero a las comunidades, se quedaba arriba. Ahora, con el nuevo gobierno, esos recursos por la extracción de minerales van a las comunidades donde se llevan a cabo explotaciones mineras. Esa es una garantía ahora”.
De entrada, en ese tipo de declaraciones hay algo que en metodología de la investigación se conoce como falacia de composición. Como tal cosa le pasó a una persona, asumimos le ocurre a todos; sin investigar u obtener muestras científicas. Por alguna falla o proyecto del Fondo Minero que, en su tiempo y forma, no se haya realizado correctamente, entonces la solución es centralizar el recurso y destinarlo de manera justa a nuestro muy peculiar modo de ver las cosas. Sin método, sin estudio, solo porque lo decimos nosotros.
El Fondo Minero no es una ocurrencia. Es una acción de política pública que -desde su creación en 2014- se ha traducido en más de 1,897 proyectos de infraestructura en beneficio de más 8 millones de mexicanos en 256 municipios y comunidades mineras, con un aporte de más de 6 mil millones de pesos. En el Fondo Minero se da la confluencia de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía participa a través de Comités que definen en qué y cómo se debe invertir.
Sin embargo, todo este avance colectivo está en peligro con la decisión de pasar el Fondo Minero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Secretaría de Economía, centralizando la toma de decisiones y eliminando de tajo la participación ciudadana en la asignación y vigilancia de los recursos, bajo el pretexto de que estos nunca llegaban a los habitantes y trabajadores de las comunidades.
Si esta lógica fuera cierta, ¿Qué razón tendría el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en haber interpuesto una controversia constitucional, misma que ya fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué municipios de Zacatecas, Sonora, Durango o San Luis Potosí se sumarían a esta causa? Si el Fondo Minero solo hubiese sido una caja chica de políticos neoliberales ¿Por qué, en los hechos, son los mismos habitantes de las comunidades mineras los que muestran su desaprobación ante esta arbitraria decisión federal?
Michael Porter, uno de los teóricos de la administración más importantes de nuestro tiempo, acuñó el término de valor compartido. Esto significa que el mundo de los negocios y el beneficio social no tienen por qué estar reñidos. Cuidar el medio ambiente o hacer partícipe de las ganancias a poblaciones enteras de la mano de una industria debe ser el norte en la economía. Pero para los políticos con visión de ultraizquierda esto parece poco importar. Anclados en el paternalismo y en la división de clases, trabajar armónicamente les suena a traición social. Por fortuna, poco a poco la ciudadanía se va dando cuenta de lo falaces y nocivas que son estas ideas radicales. Sumar es lo propio de las políticas públicas. Restar es lo propio de las ocurrencias totalitarias.
Maestro en Políticas Públicas por el ITAM.
@jerodriguezo
