Opinión

FIDEICOMISOS PÚBLICOS SE EXTINGUEN EN MÉXICO

Dr. Abel Ortiz

La dinámica económica nacional y los precios del petróleo tienen un reflejo inmediato en el comportamiento de la Recaudación Federal Participable que es la fuente principal de las Participaciones Federales que reciben las Entidades Federativas y sus Municipios. Estas representan en promedio alrededor del 40% de los ingresos de libre disposición en las haciendas de los gobiernos subnacionales. En este contexto, si consideramos que para el 2020 se espera una contracción del 7.0% del Producto Interno Bruto, -según proyecciones de JP Morgan- y una volatilidad no vista en los últimos años, donde el precio de referencia del petróleo mexicano disminuyo a 23.58 dólares por barril una caída del 34% que dejo el precio del mercado muy por debajo de los 49.00 dólares que se incluyó como supuesto en los criterios generales de política económica para la elaboración del presupuesto 2020, en tanto que la contracción del crecimiento económico debilitará la recaudación de impuestos que también fondea la recaudación federal participable. La expectativa para este año proyectaba para este ejercicio fiscal un incremento de las participaciones de apenas un 3.9% en términos nominales por debajo de la tasa de crecimiento promedio del 8.5% de los últimos cinco años. Con base en lo antes expuesto podemos concluir en que los ingresos estimados en las leyes de ingresos estatal y municipales en un escenario distinto al considerado en el paquete fiscal 2020 se verán fuertemente presionados a la baja, lo que implicara tomar medidas en cuanto al gasto público para mantener el equilibrio presupuestal.

Entre el 2017 y el 2019 el PIB de México se “desaceleró” de 3.3 a 0.1 por ciento anual, de acuerdo con datos del INEGI, repercutiendo sensiblemente en la Recaudación Federal Participable. Sin embargo este efecto no lo resintieron Estados y Municipios toda vez que la SHCP echó mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, reduciendo esta reserva a tan solo 60,460.7 millones de pesos, que en su caso no serian suficientes para compensar el choque que se deja entrever en el ejercicio fiscal 2020. Pero el reciente decreto presidencial por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos; “sin estructura orgánica” publicado el pasado 2 de Abril en el D.O.F. incluye a este fondo, y dichos recursos que ascienden a más de setecientos cuarenta mil millones de pesos, se redirigirán a la consolidación de programas sociales quedando en su caso sin fondeo la disminución de las participaciones federales para los gobiernos subnacionales, esto ocurre en un grave escenario generado por la emergencia provocada por el COVID-19, donde se requieren recursos adicionales para los programas prioritarios de los gobiernos de las Entidades Federativas y de sus Municipios, entre los que se encuentran: protección de la salud para población abierta, alimentación y subsidios para la clase trabajadora que transita en la economía informal, así como de apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa local, principalmente por los daños que se le han ocasionado a la empresa privada por la contingencia sanitaria. así como el fortalecimiento y atención de los servicios públicos básicos como agua potable y saneamiento, recolección y disposición de residuos sólidos para evitar la propagación del virus. Pero en este escenario, varios gobiernos ni siguiera podrán pagar sus aguinaldos de fin de año a sus trabajadores..

Las circunstancias anteriores demandan actuar proactiva y cautelosamente en los ajustes a la asignación presupuestal del gasto, tal y como lo dispone la Ley de Disciplina Financiera a fin de generar Balances presupuestarios sostenibles. (Ingreso – Gasto = 0). En el alcance de este propósito la LDF prevé dos casos en que es posible ajustar (reducir) rubros de gasto contenidos en el Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas y los Municipios: 1. Ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de racionalización del gasto corriente, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado; y 2. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la Secretaría de Finanzas -Tesorerías Municipales en su caso- o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del 1 Artículo 2, fracción III de la LDF: “Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;” De conformidad con lo establecido en el artículo 15 los ajustes al gasto se aplicarán en el siguiente orden: I. Gastos de comunicación social; II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población; y III. Gasto en servicios personales. De no ser suficientes estos podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Comentar

Click here to post a comment

A %d blogueros les gusta esto: