Local Opinión

EDUCACIÓN SUPERIOR EN NAYARIT

DR. ABEL ORTIZ

Durante el ciclo escolar 2017-2018 el porcentaje promedio de cobertura a nivel nacional en educación superior fue del 38.3%. En este contexto el Estado de Nayarit junto con el de Colima registraron el 39.6%, prácticamente alcanzando anticipadamente la meta objetivo propuesta para el ciclo escolar 2018-2019 en el Programa Sectorial de Educación que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Es de destacarse que el porcentaje de cobertura fue igual entre estas dos entidades a pesar de que Colima recibe poco más de 100 millones que Nayarit de presupuesto anual, toda vez que el subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales tiene como finalidad asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en el nivel superior de la educación.

En el PEF 2018 se incluye una asignación de 58,437.8 mdp para la operación de las universidades públicas estatales, importe que resulta muy similar en “términos reales” a los aprobados para el presente ejercicio fiscal. Este monto representa el 70% de los recursos que geográficamente se etiquetan quedando pendiente de asignar el 30% restante. Ante la quiebra técnica de la UAN ¿es factible gestionar mayores recursos para su rescate? Desde el punto de vista del Presupuesto Basado en Resultados PbR, las autoridades universitarias tendrían a su favor el argumento de que entidades federativas como Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco, por ejemplo, reciben mayores recursos que Nayarit sin siquiera alcanzar la media nacional en cobertura teniendo entonces la posibilidad de obtener un apoyo financiero extraordinario para resolver la coyuntura bajo el principio del Presupuesto Basado en Resultados “PbR”.

Pero quedaría pendiente el tema de la solución al problema estructural como punto clave para tocar la sensibilidad y lograr el convencimiento de las Secretarías de Educación y Hacienda. Para esta concertación resulta pertinente llevar en el portafolio un “Programa de Saneamiento Financiero” que deje clara la voluntad política para encontrar el punto de equilibrio con visión de futuro. Incremento en los Ingresos Propios y optimización de los actuales. Contención de los Egresos con propuestas contundentes: compactación de estructuras orgánicas; congelación de plazas vacantes y licencias con goce de sueldo; reforma al sistema de pensiones; etc. Reestructuración de la deuda y pasivos. Desincorporación de activos no prioritarios. Modernización del marco jurídico de actuación y nuevas fórmulas para acreditar ante la sociedad, la transparencia y rendición de cuentas, para hacer público lo que “de naturaleza es público”, por encima de la autonomía.

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