José Enrique Rodríguez Oceguera
Los beneficios que otorga el sector minero a la economía mexicana son totalmente palpables. Según un estudio reciente del grupo CAMMEX la minería reporta el 73% del total del Impuesto sobre la renta recaudado en este país (unos 33 mil 977 millones de pesos). Representa el 2.4% del PIB nacional, da empleo directo a 379 mil personas e indirecto a cerca de 2 millones. También, la minería está presente en 25 estados y significa el 8,2% del PIB industrial. La inversión total anual del sector es de 4 mil 800 millones de dólares (CAMMEX, La industria minera de México, presente y futuro, mayo de 2019).
A pesar de ello, la minería es -de fechas recientes- algo satanizado. Por ejemplo, desde 2009 existe un día mundial contra la minería a cielo abierto (22 de julio), se multiplican los casos de protestas de grupos ambientalistas y de asociaciones que politizan el tema. El propio titular del ejecutivo aseguró que no cancelará contratos con los grupos mineros, pero que no dará una concesión más, asegurando que: «ya no vamos a seguir entregando nuevos permisos para la explotación minera porque fue mucho lo que se entregó. También se obtuvieron estos títulos de concesión no para producir, para extraer el mineral, sino para especular financieramente. Entonces, ya con lo que entregaron tienen para producir, si ése es el propósito principal y no la especulación” (La Razón, 12 de agosto de 2019).
En medio de todo ello, en el año 2014, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (SEDATU), se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable del Estado y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero. Desde su momento de creación el Fondo Minero ha aportado recursos que han beneficiado a cientos de comunidades mineras en todo el país, con el objeto de resarcir afectaciones ambientales y promover el desarrollo de las propias comunidades con la participación directa de ellas mismas, a través de Comités Ciudadanos que trabajan conjuntamente con los tres niveles de gobierno. Es falso, por tanto, que las comunidades mineras no esté al tanto de que lo que ahí ocurre o que se tomen decisiones por ellas.
A principios de 2019, se anunció que los recursos del Fondo Minero ya no iban a ser entregados vía Comités o cualquier otro procedimiento análogo, sino que sería directo a través de créditos a la palabra a los habitantes de los municipios mineros (Newsweek México, Fondo Minero, sostén de tandas del bienestar, 9 de abril de 2019). Ante tal situación, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, junto con 23 municipios, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para evitar tales atropellos por parte de la Federación (El Universal, 13 de febrero de 2019). El pasado mes de julio, la Suprema Corte les dio la razón y está por resolver de manera definitiva este asunto (Excélsior, 10 de julio de 2019). Sin embargo, el gobierno federal, con cinismo, manifestó que los recursos del Fondo Minero van a ir directo a los municipios (La Jornada, 12 de julio de 2019), que a fin de cuentas es lo que resolvió la Corte.
Desde su creación, el Fondo Minero ha estado en la mente de todos los gobiernos (unos 3200 millones de pesos para este 2019, según la Secretaría de Economía Federal), conocen de su importancia y de su potencial político. Sin embargo, cuando un poder asegura que le va a otorgar directamente ese recurso a los habitantes de los municipios mineros, miente a cabalidad. Esos recursos no son del gobierno en turno. No es dinero que mágicamente llegó. Son derechos especiales que se cobran por los daños posibles que genera la actividad minera y por la búsqueda de beneficios reales para las comunidades. Así se ha entendido y la prueba son las obras de infraestructura social hechas desde entonces. En los días por venir, es previsible que las próximas resoluciones de la Corte serán en favor de las comunidades mineras; pero no todo es buena noticia, quedarán en la incertidumbre total las nuevas reglas de operación del Fondo Minero, encontrándose dos posturas contrastantes: aquellas que usarán esos recursos buscando réditos políticos sin esquema técnico alguno frente a aquellas que buscan racionalizar esos recursos en trabajo conjunto de niveles de gobierno y sociedad. Populismo contra políticas públicas. Improvisación o racionalidad.
Maestro en políticas públicas, ITAM
@jerodriguezo
