Dr. Abel Ortiz
La recaudación de impuestos para el sector público se ha visto mermada este año a causa de un menor crecimiento en la economía. De Enero a Julio la captación bajó un 0.8% real anual, mientras que los ingresos petroleros se hundieron un 39.2% real anual. Frente a ello la autoridad fiscal ha reforzado y encaminado acciones para la fiscalización y cobro de impuestos a las empresas, lo que ha ayudado a mantener a los impuestos como fuente principal de recursos del sector público y compensar la caída de ingresos. Para el 2021, en vista de una recuperación económica lenta, especialistas advierten que habrá acciones más fuertes por parte del SAT para la recaudación de impuestos y la fiscalización. En este contexto se espera que los ingresos tributarios crezcan 5.7% anual en términos reales en comparación con lo que se prevé recaudar al cierre del 2020 de conformidad con lo establecido en los Criterios Generales de Política Económica. Como parte de los cambios para mejorar la eficiencia tributaria se encuentran modificaciones como la del artículo 5to, apartado A del Código Fiscal, referente a la razón de negocios, en este ya se estipula que si la autoridad considera que un contribuyente hizo un gasto que no es razonable para generar negocio, esta puede reclasificar el gasto y determinar la no devolución de impuestos. En el Código Fiscal, no queda claro, pero se abre la posibilidad de fincar una responsabilidad de tipo penal al contribuyente. Lo grave de esta situación es que “aquí no estamos hablando de un contribuyente que metiera facturas falsas o que hiciera cosas truculentas, se estaría hablando de un contribuyente que podría tener alguna erogación, y que la autoridad considere que no es razonable, ahora no solo eso, si se aprueba este cambio podrá fincarse una responsabilidad de tipo penal, cuando estas se implementan en caso de delitos, y no por una consideración de la autoridad”, aspecto que resulta preocupante.
Pero ¿cual es el escenario en las Entidades Federativas?. Al igual que en la federación la brecha que separa la recaudación potencial de la recaudación real es el resultado de un entorno donde la evasión y la elusión fiscal es el pan nuestro de cada día; ambas conductas son originadas en gran parte, por un marco jurídico vulnerable y por otro, el nivel de eficiencia del aparato tributario en el estado. En este contexto, el verdadero reto para la administración tributaria de las entidades federativas es generar nuevas estructuras y actitudes de sus funcionarios públicos, que envíen un mensaje de confianza a los ciudadanos y provoque un cambio de conducta en los contribuyentes. Bajo este enfoque, la ruta de esta evolución en la administración tributaria es clara e irreversible, dada la necesidad de interacción cada vez más eficiente y eficaz con los contribuyentes; por lo que, el arquetipo anterior es reemplazado por modelos de administración que privilegian el uso intensivo y extensivo de los recursos tecnológicos así como una reingeniería de procesos operativos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. En muchos estados por ejemplo siguen vigentes las estructuras físicas de las recaudaciones de rentas con un alto costo operativo -Nayarit con 22 recaudaciones no es la excepción- cuando el SAT en todo el país no tiene una sola caja recaudadora minimizando al máximo el costo administrativo de la administración tributaria.
En este contexto, el Estado de Baja California recientemente consideró pertinente crear el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Baja California “SATBC” como una estrategia para lograr mayores niveles de eficiencia en las funciones operativas de administración fiscal a través de la nueva Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Baja California, publicada el pasado 14 de Agosto en el Periódico Oficial del Estado, sumándose con lo anterior a las 8 entidades que ya vienen operando estos órganos de administración tributaria donde se apunta que han logrado incrementos de hasta un 40% en su recaudación local siendo estos: Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Quintan Roo y Yucatán. Un SAT estatal en términos generales es un órgano desconcentrado -para despolitizar su actuación- de la Secretaria de Finanzas, con personalidad jurídica, presupuesto propio, en su carácter de autoridad fiscal con autonomía técnica y de gestión. Con un servicio fiscal de carrera y sujeto a la evaluación de resultados. Dentro de sus funciones operativas se encuentran aquellas relacionadas con la administración tributaria tanto de las contribuciones locales, como de las federales coordinadas y en su caso las que convenga con sus respectivos municipios. En el estado de Nayarit la caída de mas de 15 mil empleos ha afectado la recaudación del impuesto sobre nóminas que es el de mayor peso dentro de los impuestos locales, así como el resto de los impuestos y derechos a causa de un menor crecimiento en la economía local y frente a ello, esta es un área de oportunidad para afrontar los retos que nos imponen los nuevos tiempos. La propuesta sobre la mesa.
